Lo que el caso de la presunta violación grupal en la Universidad de Cornell dice sobre la dificultad de denunciar abusos en los campus de EE.UU.

Advertencia: esta historia contiene detalles perturbadores y habla de agresión sexual.

Cuando Mary cursaba su primer año de universidad, se despertó después de una fiesta de fraternidad con moretones y marcas de mordeduras por todo el cuerpo.

Cuenta que le tomó varios días comprender que había sido agredida sexualmente mientras estaba inconsciente.

Luego tuvo que sacar fuerzas para buscar el camino adecuado y denunciar la agresión.

El hombre al que acusó fue finalmente expulsado, pero la policía se negó a presentar cargos tras alegar que faltaban pruebas físicas.

Mary, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad, dice que el proceso para lograr algún tipo de justicia fue confuso y decepcionante.

"Aunque el resultado fue positivo, (el proceso) fue emocionalmente agotador y extenuante, porque tuve que compaginarlo con mi adaptación a la vida universitaria", dijo Mary.

"En muchos sentidos, tuve que defenderme por mi cuenta, reuniendo todas las pruebas".

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Mary aseguró que la experiencia con la policía local le causó "una profunda sensación de decepción hacia el sistema".

La forma en que tanto las universidades como el sistema de justicia penal responden a este tipo de agresiones en los campus universitarios vuelve a estar en el punto de mira debido al caso de la Universidad de Cornell.

Una exalumna presentó una demanda civil en la que alega que fue violada por varios miembros de una fraternidad hace dos años y que los fiscales se negaron en su momento a seguir adelante con el caso.

Aunque Mary no estudió en Cornell y su experiencia no está relacionada con dicha institución, defensoras de víctimas de agresión sexual dicen que estas historias son representativas de los desafíos más amplios que supone la respuesta a las denuncias de agresión sexual en los campus universitarios en Estados Unidos.

La compleja red de sistemas y políticas, que varía enormemente de acuerdo a cada centro de estudios, es una de las razones por las que la gran mayoría de las agresiones sexuales en los campus universitarios no se denuncian, según las investigaciones.

"Estos procesos son difíciles de sobrellevar si no se está en una situación de trauma. Si se está, son prácticamente imposibles de soportar", dijo Nancy Chi Cantalupo, profesora asociada de Derecho en la Universidad Estatal de Wayne, quien ha representado a víctimas en campus universitarios.

A principios de este mes, la exalumna de Cornell conocida como Jane Doe —el nombre que se utiliza en procedimientos legales en EE.UU. para proteger la identidad de una persona— presentó una demanda contra la universidad de la Ivy League.

Alegó que fue drogada y violada por varios hombres en una casa de fraternidad de la universidad en 2024.

También dijo que Cornell no la protegió ni castigó adecuadamente a los hombres involucrados.

Jane Doe declaró haber denunciado la supuesta agresión a policías del campus, quienes la entrevistaron y proporcionaron información a la fiscalía.

En ese momento, el fiscal se negó a presentar cargos. Sin embargo, esta semana el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, reabrió el caso.

Tanto Cornell como Van Houten defendieron la forma en que gestionaron el caso hace dos años.

En un comunicado, la universidad dijo que llevó a cabo "una investigación y un proceso judicial exhaustivos durante varios meses e impuso diferentes sanciones en función de las conclusiones y las circunstancias de cada estudiante".

También argumentó que creó un nuevo marco para abordar las agresiones sexuales en el campus.

Cornell aseguró que siguió los procedimientos establecidos en la ley federal de derechos civiles conocida como Título IX. Esta normativa exige que las universidades cumplan con ciertas normas para la investigación de agresiones sexuales.

Añadió que su investigación derivó en la expulsión del campus de la fraternidad involucrada y en la suspensión o expulsión de los estudiantes implicados.

Por lo general, después de que un estudiante denuncia una agresión en el campus, la oficina de Título IX de la universidad determina si la conducta alegada podría constituir una violación de las normas.

Finalmente, ambas partes asisten a una audiencia con un panel de profesores u otros mediadores para presentar pruebas y testimonios sobre el caso antes de que la escuela tome una decisión.

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las sobrevivientes de agresiones sexuales es desenvolverse simultáneamente en el sistema universitario y en la justicia penal.

Ambas instancias "cumplen propósitos diferentes, operan bajo reglas y plazos diferentes y conducen a resultados diferentes", explicó Zoey Scheinblum-Brewer, coordinadora de políticas de la Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto, una organización sin fines de lucro contra la agresión sexual.

"La falta de claridad en la información sobre las opciones disponibles a través de estos procesos paralelos puede generar tanta confusión e incertidumbre que algunos estudiantes terminan por decidir no denunciar", afirmó.

Fuente: BBC Mundo