"Tenemos miedo a perder la vida aquí": los migrantes de América Latina que EE.UU. deporta a República Centroafricana

Cuando el nicaragüense Kenis López abordó aquel vuelo de deportación en Dallas, Texas, el 28 de agosto, ya no tenía fuerzas.

Los últimos siete meses los había pasado bajo custodia federal, desde que en enero varios agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvieran a las puertas de su casa en Mineápolis, en el estado norteño de Minnesota.

Cuenta que en el avión iba atado de pies y manos, y con un casco en la cabeza.

Minutos antes se había resistido a descender del autobús en el que llegó a la pista del aeropuerto y había suplicado que no lo subieran a aquel vuelo. Según relata, nadie le había dicho bien cuál era su destino y solo escuchó que iba a África.

"No me voy a bajar. Prefiero morirme aquí que en un continente tan lejano", recuerda que le dijo al personal que lo custodiaba en el bus. También que le contestaron: "Si eso quieres, eso te va a pasar".

Asegura que, al negarse a obedecer, un agente de ICE ordenó que le disparasen con balas de goma. Las alegaciones coinciden con la de otros dos nicaragüenses y un cubano que iban en el bus, quienes cuentan que los disparos fueron "a quemarropa", desde un metro de distancia, y le mostraron a BBC Mundo imágenes de los hematomas que estos les habrían dejado.

En las fotografías, tomadas dos días después, se ven dos círculos morados de unos cinco centímetros de diámetro con el centro rojizo en el brazo izquierdo de uno de ellos, así como un moretón en el pecho de otro.

BBC Mundo le enseñó las imágenes a Rohini J. Haar, asesora médica de Physicians for Human Rights, que dijo que las marcas son "compatibles con impactos de proyectiles de bajo impacto letal". Con ella coincide Neil Corney, investigador de la Omega Research Foundation, especializado en analizar el impacto de armas no letales.

Ante las preguntas de BBC Mundo sobre el trato que, según los migrantes, recibieron de los agentes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que depende ICE, contestó que "no se está golpeando ni abusando de ningún detenido".

López denuncia que tras sacarlo a rastras del autobús, los subieron al avión "como cualquier animal" y que fue allí donde supo que estaban siendo deportados a República Centroafricana, uno de los países más pobres del continente.

La República Centroafricana (RCA) sufre inestabilidad prácticamente desde que se independizó de Francia en 1960.

Es rica en diamantes, oro, petróleo y uranio, pero tiene una de las poblaciones más pobres del mundo.

Se sumió en el caos en 2013 cuando rebeldes musulmanes del grupo Seleka tomaron el poder. Una banda de milicias mayoritariamente cristianas, llamada anti-Balaka, se levantó para enfrentarse a Seleka.

Seleka entregó el poder a un gobierno de transición en 2014 bajo presión internacional, pero el país sigue en crisis.

Fuentes: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA), Banco Mundial y BBC Monitoring.

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López, nicaragüense de 45 años, habló con BBC Mundo desde Bangui, la capital de una nación sobre la que hasta ahora no tenía ninguna referencia y a la que fue deportado en virtud de los acuerdos de EE.UU. para que otros países reciban migrantes expulsados.

"Todos estos inmigrantes ilegales fueron deportados a un tercer país seguro. Estamos aplicando la ley tal como está escrita", le contestó el DHS a BBC Mundo por correo electrónico.

Según datos de organizaciones sin ánimo de lucro que monitorean los vuelos de deportación, López es uno de al menos 100 migrantes que fueron expulsados a finales de agosto por el gobierno de Donald Trump a ocho países africanos en el marco de esos cuestionados acuerdos de deportaciones hacia "terceros países".

Ya había tratado de migrar a EE.UU. en 2005 pero, al cruzar la frontera de forma ilegal, fue detenido y deportado de forma expedita.

Volvió a intentarlo en 2022, y desde entonces vivía en el estado de Minnesota. Sin embargo, en enero fue detenido por agentes del ICE cuando subía a su camioneta frente a su casa en Mineápolis para ir a trabajar en construcción, afirma.

Fue uno de los cientos de arrestados en esa ciudad, donde el gobierno de Trump desplegó a principios de año más de 2.000 agentes federales como parte de su ofensiva contra la migración ilegal.

La operación desencadenó protestas en las calles, y en ese contexto de tensión murieron a manos de agentes del ICE los estadounidenses Renee Nicole Good y Alex Pretti.

Cuando lo abordaron los funcionarios, López asegura que les mostró los papeles que siempre cargaba con él.

"Les entregué mi permiso de trabajo y la documentación que probaba que una jueza de Minnesota me había concedido la retención de remoción", cuenta. BBC Mundo pudo ver la resolución del Tribunal de Inmigración Fort Snelling de Minnesota fechada el 13 de agosto de 2024.

López se refiere a lo que también se traduce como "cancelación de deportación", que impide al gobierno devolver a un extranjero a un país donde su vida o libertad estarían en peligro por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.

Asimismo, a López le fue concedida protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT), un tratado internacional del que EE.UU. es signatario.

Esta medida impide la devolución a un país donde sea más probable que improbable que el beneficiario sea torturado. No abre camino hacia la ciudadanía o la residencia permanente, y puede ser revocada si las condiciones del país cambian.

Hace años que organizaciones nacionales e internacionales denuncian violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Y este septiembre, un comité de derechos humanos de la ONU acusó al gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo de utilizar las desapariciones forzadas como instrumento para silenciar la disidencia y controlar a la población.

En su informe "La anatomía de la crueldad estatal", el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua también denunció al menos ocho muertes en custodia de personas detenidas por motivos políticos desde 2018, algo que el Ejecutivo rechaza.

Fuente: BBC Mundo